Mi nombre es Ana Libertad. Tengo 20 años. Hace dos años llegué a esta ciudad con el propósito de iniciar mi carrera universitaria en Trabajo Social, gracias a una beca que me gané.
Yo vivía con mis padres en un municipio alejado, allí nací y crecí, y con el esfuerzo de su trabajo me mudé sola a esta ciudad. Recuerdo que llegué un 15 de enero con la incertidumbre propia de quien anhela conocer un nuevo lugar, pero no conoce a nadie allí; no tenía amigos ni familiares.
En mis primeros meses de clases, a pesar de mi dedicación no obtuve los resultados académicos que esperaba. Me llené de miedo porque pensé que perdería mi beca y porque sabía del esfuerzo económico que estaban haciendo mis padres para sostenerme. Pero gracias a algunas tutorías logré recuperar la mayoría de mis notas, con excepción de una materia que tenía casi perdida. Así que tomé la decisión de exponerle mi situación al profesor, le dije que necesitaba recuperar la materia porque perder su asignatura significaba perder mi beca.
Él fue muy amable. En esa ocasión me dijo que sabía de mi dedicación y que me ayudaría en lo que él pudiera. Así que lo primero que hizo fue asignarme un trabajo especial sobre el cual le debía presentar un avance en los días próximos. Dos días después, al terminar la clase le dije que tenía listo mi primer avance, pero él me respondió que tenía una agenda muy apretada, que acudiera a su oficina en la noche, al terminar las clases. Esperé hasta las 9:00 p.m. afuera de su oficina, hasta que él me dijo que ingresara –ya los demás maestros habían terminado su jornada–, comentó que le gustaba mucho mi trabajo, pero que tenía unos puntos por discutir así que, con el pretexto de que la universidad estaba cerrando, me invitó a ir a otro lugar para trabajar. En ese momento, yo solo sentía mucho agradecimiento por tomarse el tiempo de ayudarme.
Cuando estábamos en su vehículo en el parqueadero solitario de la U, me preguntó sobre mi vida: dónde vivía, con quién y si tenía pareja; luego trató de besarme, yo me paralicé, no sabía qué hacer, no entendía qué estaba pasando, ¡Él era mi profesor! , yo solo pude voltear mi cara, pero él me apretó fuerte de mi cabello y me besó bruscamente. Como pude salí del carro y corrí. Durante todo el fin de semana estuvo llamándome a mi celular y enviando mensajes; en el último me dijo que no lo ignorara, que no estaba en posición de hacer eso.
Yo no sabía qué hacer ni a quién acudir. El lunes me dirigí a la oficina de decanatura, con temor y pena relaté lo que pasó; el decano me expresó que eso era un problema personal, que la Universidad no tenía nada por hacer. Pregunté si existía alguna autoridad o grupo dentro de la U que me pudiera ayudar y me dijo que no. También comenté lo que me pasó con una profesora, quien me dijo que el mío no era el primer caso, pero que me recomendaba no hablar con nadie porque el profesor gozaba de gran poder en la institución.
Como el profesor decidió no revisar el trabajo extra que realicé y solo tomó en cuenta mis notas anteriores, perdí la materia. Fue así como perdí mi beca y regresé a mi pueblo sintiéndome fracasada, culpable y derrotada.
Seis meses después de lo sucedido, vi en las noticias que en esa ciudad muchas estudiantes de colegios y universidades estaban realizando denuncias y acciones donde exponían que habían vivido situaciones muy similares a la que yo viví. Por primera vez entendí que lo que yo había vivido se llama acoso sexual. Un delito que fue incorporado al ordenamiento jurídico colombiano desde el año 2008 mediante la Ley 1257. El artículo 29 de dicha ley, adicionó el artículo 210A al Código Penal colombiano, tipificando el delito de acoso sexual. Además, esta ley reitera la obligación de las instituciones de prevenir este tipo de violencias. Asimismo, el proyecto de Ley 483 de 2020 busca ampliar el alcance del delito de acoso sexual.
Decidí, entonces, contactar a colectivas feministas y organizaciones civiles de mujeres para comenzar a tener más información y herramientas sobre violencias basadas en género. En estos procesos supe que gracias a la Ley 1542 de 2012, las autoridades estaban llamadas a garantizar mi protección y actuar con la debida diligencia en la investigación de mi caso. También entendí que lo vivido por mí y por muchas mujeres es un fenómeno social de innegable existencia, tal como lo expuso la Corte Constitucional en la Sentencia T-356 de 2011, haciendo un llamado a las autoridades judiciales para que analicen con perspectiva de género, los casos donde son parte mujeres afectadas o víctimas de violencia.
Además, en la Sentencia T-239 de 2018, la misma Corte exhortó al Ministerio de Educación Nacional, a dictar los lineamientos para las instituciones de educación superior-IES, sobre los deberes y obligaciones en la atención de casos de acoso laboral, violencia y discriminación basadas en género. Los cuales fueron fijados en la Resolución 014466 emitida el 25 de julio de 2022, donde se demanda la adopción de protocolos antes del 25 de enero de 2023; es decir, que existe todo un marco normativo y jurisprudencial que nos protege a las mujeres.
Teniendo esta información, con un grupo de amigas y compañeras de los procesos organizativos, decidimos indagar sobre los avances en la implementación normativa y administrativa desde el gobierno y algunas de las instituciones de educación superior, en las que varias de ellas continuaban estudiando; ya que además, encontramos que en la ciudad de Medellín, según datos del Consejo de Seguridad Pública para las mujeres de octubre de 2022, entre enero y diciembre de 2020, a la Línea 123 Agencia Mujer ingresaron 7 llamadas por casos de mujeres víctimas de VBG en IES del Distrito; y entre enero y octubre de 2022 ingresaron 6 llamadas a la misma línea.
En el mismo informe, se detectaron algunas dificultades, barreras y limitaciones en la atención a esas mujeres que denunciaron, barreras como la falta de una ruta clara en cada IES o desconocimiento de la misma por parte de las mujeres; el exceso o falta de formalismo y vacíos normativos; el desconocimiento del marco normativo, de las competencias y de los procedimientos, e interpretación inadecuada de las normas; los prejuicios y estereotipos de género (inferioridad, subordinación, señalamientos, comentarios sexistas, etc.) por parte de las y los servidores públicos y el personal administrativo, culpabilizando a las mujeres; y la insuficiencia de recursos del Estado para dar respuesta integral y diferencial a las necesidades de las mujeres víctimas.
Encontramos también que hasta el momento, no todas las universidades han implementado de manera adecuada lo exigido por la legislación y el Ministerio de Educación Nacional, en temas de prevención, detección y atención de Violencia Basada en género-VBG y discriminación; pues se encontró que de 316 IES registradas en Colombia, solamente 261 entregaron sus protocolos el 25 de enero del presente año (El Espectador, 2023).
Sabiendo esto, quisimos indagar sobre cómo se estaban implementando en algunas universidades de la ciudad, los lineamientos fijados por el Ministerio de Educación Nacional. Así que solicitamos vía derecho de petición, información a 8 instituciones de la ciudad sobre: canales para recepcionar las denuncias, el número de denuncias recibidas, archivadas y motivos del archivo, la garantía del derecho a la No confrontación con el agresor, las medidas disciplinarias vigentes e impuestas, las acciones implementadas para la detección y prevención de violencia y discriminación basadas en género y las rutas de atención disponibles, sin embargo a la fecha del presente pronunciamiento solo 2 de estas instituciones dieron respuesta.
Por lo tanto, queremos hacer un llamado a las Instituciones de Educación Superior y al Ministerio de Educación Nacional, a que tengan en cuenta que:
Las Instituciones de Educación Superior deben garantizar que quienes denuncian y quienes apoyan las denuncias, cuenten con todas las herramientas para llevar a cabo el proceso y no sufran revictimización, incluso institucional; respetando herramientas como el escrache, defendido por la Corte Constitucional con la Sentencia T-061 de 2022 y que ha servido para la prevención y sanción de algunas VBG ante un sistema judicial inoperante.
Dado que defender las denuncias de las mujeres genera riesgos en los diferentes estamentos, las Instituciones de Educación Superior, deben garantizar que quienes apoyan y acompañan los procesos de activación de las rutas de las mujeres denunciantes, tanto docentes, personal administrativo como estudiantes, tengan
todas las garantías de habitar sin temor los espacios institucionales y de seguir ejerciendo su derecho a la crítica y el cuidado de las otras, sin que ello repercuta en sus ámbitos personales y laborales.
Las Instituciones de Educación Superior, deben garantizar que quienes intervengan en los procesos disciplinarios iniciados por denuncias de violencias y discriminación basadas en género, sean personas sensibles y capacitadas con perspectiva de género. Ya que esto permite procesos adecuados y evita caer en revictimizaciones que puedan desincentivar las denuncias, tan necesarias para
dar debido tratamiento a una agresión y a la afectación en quien la padece, como para evitar futuras agresiones.
Estudiantes universitarias participantes del Ágora Virtual de las Mujeres Corporación para la Vida Mujeres que Crean
