Frente a la grave Crisis Humanitaria de las Mujeres y las Niñas colombianas ad portas de iniciar el proceso de implementación de los acuerdos de paz en el país:
El Ágora ha sido un espacio de creación, de exploración personal y construcción colectiva. A medida que transcurrieron los encuentros adquirieron un sentido de confidencialidad, desahogo y resistencia. El día jueves empezó a ser particularmente importante, una espera con ansias el momento para transmitir sus reflexiones, esperanzas, miedos y tristezas a sus compañeras, mujeres que escuchan cada palabra con amor y comprensión. Ha sido un espacio político feminista atravesado por la risa, el amor, la trasgresión, la sororidad, la resistencia y la mirada de un grupo de mujeres que tienen como apuesta política la defensa de la vida y del territorio ante un mundo militarizado. Además, al ser un encuentro político y transformador el Ágora nos permitió desnudarnos y reconocer nuestro lugar en una sociedad donde predominan pensamientos, comportamientos y estereotipos patriarcales.
Creemos que la construcción de la paz en nuestro país debe acontecer bajo la garantía del derecho a una vida libre de violencias contra las mujeres, quienes han sufrido graves hechos victimizantes en contextos de guerra y en contextos de paz. Los Acuerdos de Paz lograron transversalizar el enfoque de género para crear las condiciones de transformación de las relaciones inequitativas de poder entre mujeres y hombres. No obstante, las mujeres y las niñas colombianas enfrentamos graves riesgos en el contexto del posconflicto y atravesamos una de las mayores crisis humanitarias como lo muestran los hechos en los diferentes escenarios sobre los que nos pronunciamos.
Escenario educativo
El modelo educativo en Colombia tiene raíces históricas en el sesgo androcéntrico, pocos o nulos son los saberes de las mujeres abordados en las aulas de clase, si se les menciona es siempre en función y detrás de un gran liderazgo masculino. Las niñas reciben una educación sin referentes asertivos en la construcción de su identidad como mujeres. Sin embargo y aunque es un hecho que merece una profunda reflexión y resignificación, en la realidad se difumina y se presenta desde todo punto de vista agonizante.
Desde hace varias décadas las mujeres hemos venido denunciando como al interior de las escuelas, colegios y universidades públicas y privadas se ha naturalizado -en medio de una panorama de silenciosa complicidad-, el acoso y la violencia sexual contra las mujeres, sin que las directivas académicas tomen medidas serias y pertinentes al respecto; los casos están impregnados de impunidad y se alimentan del miedo y la vergüenza de las víctimas, que en muchas ocasiones prefieren no denunciar por no ver puesta en ridículo su dignidad o por no ser atacadas por sus perpetradores.
Tal es el caso de la estudiante de la Universidad de Antioquia que sufrió acoso sexual y amenazas permanentes durante tres años por parte de un profesor de sociología, el profesor andaba “campante” y la perseguía por todo el campus, a pesar de contar con una medida de protección en su contra. Casos como este se repiten a diario, la sociedad no reacciona y la institucionalidad universitaria asume en su pasividad cómplice una actitud ajena a la defensa de los derechos de las mujeres.
Escenario territorial
Al interior del Ágora discutíamos sobre la construcción de un informe que diera cuenta de la situación que vivimos las mujeres actualmente en nuestros territorios. De inmediato surgió el tema de los feminicidios de lideresas sociales que defienden sus territorios de las prácticas y políticas extractivistas que acaban con los recursos naturales y que producen impactos en sus vidas relacionados con: la explotación de su fuerza de trabajo, la pérdida de la soberanía alimentaria, las violencias sexuales implementadas como estrategias de control y terror, la militarización de la vida y la ruptura del tejido social (Zuluaga, 2016).
En la actualidad, Colombia es considerada por la organización Frontline Defenders como el país donde ocurrieron más asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos durante el año 2016. El primero de mayo del año en curso, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó la atención sobre el alarmante número de asesinatos en lo corrido del 2017, hasta la fecha tienen un registro de al menos 41 casos (PBI Colombia, 2017)
Respecto a la situación de las mujeres, las estadísticas demuestran que hasta el mes de marzo se registraron catorce feminicidios de lideresas y defensoras de derechos humanos y del territorio en Colombia, ataques en los que se identificaron violencias sexuales y amenazas a sus familias. Dentro de las víctimas se encuentran mujeres ambientalistas, lideresas indígenas, reclamantes de tierras, opositoras de los intereses económicos de la industria extractiva, agroindustria y ganadería (Estrella de Panamá, 2017).
Frente a esa situación, el Estado colombiano señaló que los ataques a lideresas y líderes sociales del país no poseen elementos que indiquen una sistematicidad en los ataques, las autoridades plantean que los asesinatos corresponden a riñas personales, venganzas o violencia general y crimen común asociado a territorios considerados zonas de alta conflictividad por la coca o minería ilegal. Por lo tanto, no hacen parte de un ataque a su ejercicio de la defensa de los derechos humanos y del territorio (PBI Colombia, 2017).
Las mujeres del Ágora rechazamos los comunicados emitidos por el Estado colombiano e insistimos en el sentido que tienen los ataques a la vida y sexualidad de las mujeres dentro de los territorios, como dice Rita Segato en su libro “La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en ciudad Juárez: territorio, soberanía y crímenes de segundo estado”:
“Los feminicidios son mensajes emanados de un sujeto autor que sólo puede ser identificado, localizado, perfilado, mediante una “escucha” rigurosa de estos crímenes como actos comunicativos (…) Si el acto violento es entendido como mensaje y los crímenes se perciben orquestados en claro estilo responsorial, nos encontramos con una escena donde los actos de violencia se comportan como una lengua capaz de funcionar eficazmente para los entendidos, los avisados, los que hablan, aun cuando no participen directamente en la enunciativa” p. 31
El Estado incumple con los compromisos asumidos frente a la implementación de acuerdos y tratados internacionales, como es el caso de la Convención para la Eliminación de la discriminación contra la mujer- CEDAW- y la Convención de Belém Do Pará, al permitir la instalación y desarrollo de megaproyectos en los territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes que vulneran la vida de las mujeres dentro de su territorio e impide la defensa de su derecho a permanecer de manera digna dentro de ellos (Zuluaga, 2016).
Escenario intrafamiliar
En los momentos en los que sentimos que vamos avanzando en temas de reconocimiento de nuestros derechos con leyes que rechazan la violencia de género como la Ley 1761 de 2015 conocida como Ley Rosa Elvira Cely, se agudizan los casos de constreñimiento y asesinatos de las mujeres, como el feminicidio de Mónica Ávila Mahecha de 17 años, o el de Edith Jhoana Parra León junto con su hija y su hijo menores de edad; el feminicidio de Susan Lizeth de la Peña en Puerto Boyacá; el feminicidio de la niña de tres años, Sara Ayolina Salazar en el Tolima; el feminicidio de Leidy Laura Burgos Chancí en Medellín, solo para nombrar algunos de los más de 200 casos de asesinatos a mujeres ocurridos durante los primeros meses en el país. Rechazamos contundentemente, lo sucedido en estos y en todos los casos que no tienen voces que reclamen su justicia y su reparación.
Los anteriores casos denunciados y las estadísticas de 200 casos de feminicidio en el país donde el atacante es su pareja o expareja, de los cuales 43 ocurren en la ciudad de Medellín, reafirman que la violencia machista tiene origen en casa, sin embargo, nosotras consideramos que esta violencia continúa en los entes estatales a los que llegan las denuncias y que son la muestra latente de que incluso en éstos, que deberían ser neutrales, a las mujeres se nos sigue considerando objetos de propiedad de los hombres. Siendo así ¿qué podemos esperar las mujeres cuando el ente encargado de protegernos y velar por nuestros derechos no tiene sensibilidad? ¿Cómo interpretar que el actual gobierno cede los presupuestos de los programas de y para las mujeres a otros proyectos, y no le da trascendencia suficiente a la situación de las mujeres y sus hijos?
Por estas razones y hechos, exigimos:
Que la institución académica se posicione frente a las violencias contra las mujeres y genere acciones reales de protección y sensibilización en la comunidad educativa; así mismo, que cumpla con las políticas educativas para la incorporación del enfoque de género en la educación.
Que el Gobierno y sus entidades territoriales, ofrezcan las garantías para el ejercicio de la defensa del territorio, los derechos humanos y los derechos ambientales, a lideresas y líderes que trabajan a riesgo de su vida e integridad para favorecer la protección de las comunidades y de la madre tierra y sin los cuales es inviable la construcción de una paz sostenible y duradera.
A la administración pública, el aumento de presupuestos en los planes de desarrollo para implementar leyes y políticas que favorecen la justicia y la equidad para las mujeres como la Ley 1257 de 2008 y que se pueden aplicar a la creación y fortalecimiento de procesos de formación en enfoque de género, prevención y sensibilización en las violencias contra las mujeres y exigimos que los mismo sean obligatorios para todos los titulares de obligación del Estado.
AGORA DE LAS MUJERES
Ana Carolina Henao Vargas
Angela Marcela Tobón Pérez
Carolina Gallego López
Fernanda Rubiano Zambrano
Flor Janeth Ochoa Duarte
Gloria Patricia Mazo Restrepo
Isabel Cristina Rojo Giraldo
Lina Maria Agudelo Vallejo
Manuela Vélez Sánchez
Marcela Arrubla
María Alejandra Jane Piedrahita
Maria Camila Yalí González
Maria Paulina Agudelo Ortiz
Sandra Milena Velásquez
Yolanda Isabel Baldovino Herrera
